En lo referente al debate público, la lealtad asume el apellido “institucional” y es invocada —y a la vez exigida— especialmente en el ámbito parlamentario por el gabinete que ostenta la titularidad del poder ejecutivo. Tal invocación se exterioriza en el escenario de sus complejas relaciones institucionales con la oposición democrática. En este contexto, las apelaciones a la lealtad institucional vienen sustentadas por representantes del Gobierno que piden a la oposición que se alinee con sus propios postulados en determinados temas que, según los criterios gubernamentales, trascienden la adscripción partidista y que, por tanto, deberían estar ajenos a la confrontación política por tratarse de “temas de Estado”[2]. Sería algo así como que quien se sitúa en la oposición debería alinearse con el Ejecutivo y hacer dejación de sus funciones características cuando “la razón de Estado” así lo exigiera.
